España mantiene una deuda histórica con la comunidad LGTBI. La dictadura franquista empleó la reforma de la Ley de Vagos y Maleantes de 1954 y la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970, para detener a alrededor de 5.000 personas, acusadas de “homosexualismo”. Bajo el amparo legislativo y con el apoyo de la Iglesia y de parte de la comunidad médica, el régimen franquista estableció un macabro sistema de detención, torturaras y vejaciones a personas homosexuales. Se crearon campos de concentración (Colonia Agrícola de Tefía- Fuerteventura), cárceles específicas (una para pasivos en Badajoz y otra para activos en Huelva), pabellones exclusivos en prisiones, así como terapias de aversión y lobotomías.
En la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social se establecía:
A los homosexuales, rufianes y proxenetas, a los mendigos profesionales y a los que vivan de la mendicidad ajena, exploten menores de edad, enfermos mentales o lisiados, se les aplicarán para que cumplan todas sucesivamente, las medidas siguientes:
- a) Internado en un establecimiento de trabajo o colonia agrícola. Los homosexuales sometidos a esta medida de seguridad deberán ser internados en instituciones especiales, y en todo caso, con absoluta separación de los demás.
- b) Prohibición de residir en determinado lugar o territorio y obligación de declarar su domicilio.
- c) Sumisión a la vigilancia de los delegados
La Lgtbifobia promovida desde el Estado no buscaba quedar solamente en la esfera institucional. El discurso de odio, menosprecio y burla hacia los ‘invertidos’ fue propagado desde púlpitos y aulas, y logró calar en la sociedad moralista del momento, que extendió a ámbitos familiares y sociales la marginalización de las personas gais, lesbianas, bisexuales o transexuales. Ese discurso asumido e interiorizado por una amplia mayoría de la sociedad se mantuvo casi intacto hasta los primeros años de la democracia española. Ni los intentos tanto legislativos (indulto del 25 de noviembre de 1975, o la amnistía del 31 de julio de 1976) como sociales o históricos contemplados en las distintas leyes, han incorporado la represión sufrida por las personas LGBTI en una reparación.
Consideramos que los lugares de represión franquista a la comunidad LGTBI deben declararse patrimonio mundial, de la misma forma que otros lugares donde se cometieron atrocidades han obtenido un reconocimiento. Por lo que pedimos al Cabildo de Fuerteventura y al Ministerio de Cultura que inicien los trámites para lograr que la Antigua Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía (Fuerteventura– Islas Canarias) sea considerada Patrimonio Mundial. Este lugar fue un campo de concentración durante el franquismo donde se “reeducaba” a personas homosexuales.
Como este lugar hay otros en España, como la antigua Prisión Provincial de Huelva o la antigua prisión preventiva y correccional de Badajoz, donde se torturó a miles de personas LGTBI con total impunidad y cuya memoria sigue olvidada. Si la UNESCO ha considerado lugares como Auschwitz-Birkenau como “evidencia del esfuerzo inhumano, cruel y metódico de negar la dignidad humana a grupos considerados inferiores” o la isla senegalesa de Gorea, uno de los principales centros de venta de esclavos durante siglos. ¿Por qué los lugares de represión LGTBI siguen sin tener ningún reconocimiento en todo el mundo? ¿Cuándo se va reparar la deuda histórica que España mantiene con el colectivo? Estos lugares son ejemplo del odio vivido por las personas LGTBI bajo cualquier régimen totalitario. Es necesario recuperar la memoria marginada en el relato colectivo y reclamar VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN.
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