Manifiesto a favor de la creación de una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores

1 de octubre – Día Internacional de las personas mayores

Las personas mayores y, particularmente, las personas con discapacidad  mayores no pueden disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones  que las demás, lo que afecta a multitud de aspectos de sus vidas y a su  dignidad. Los estereotipos y prejuicios asociados cultural y socialmente al  envejecimiento, a la edad y a las personas mayores, hacen que se justifique un trato  diferente y discriminatorio al atribuirles un menor valor social y menos capacidades.

La discriminación por razón de edad (edadismo) que existe en nuestras sociedades excluye a las personas mayores de muchos ámbitos de la vida social (la educación,  la cultura, los servicios públicos, la participación social y política, etc) y limita su  calidad de vida y su autonomía. Invisibiliza a las personas mayores y las importantes  contribuciones que realizan.

Las mujeres mayores siguen siendo el grupo social en mayor riesgo de  exclusión, especialmente si se asocia la edad a factores de interseccionalidad, tales  como la discapacidad, entre otros. Esto hace necesaria la atención específica a esta  parte de la población de personas mayores.

Asimismo, la implantación de tecnologías no accesibles, en muchos ámbitos  públicos y privados, impiden que muchas personas mayores puedan hacer  uso de servicios o incluso reivindicar sus derechos en igualdad de  condiciones, convirtiéndolas en ciudadanos de segunda clase. El diagnóstico  mediante el uso de la inteligencia artificial, los nuevos medicamentos y aplicaciones  informáticas les deben ser accesibles, útiles e incorporar sus particularidades  específicas.

El Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (MIPAA), aprobado  por Naciones Unidas en 2002, se ha demostrado claramente insuficiente para  proteger adecuadamente los derechos de las personas mayores. A pesar de  que incluye una serie de recomendaciones para abordar los objetivos  socioeconómicos en relación con el desarrollo, la salud y el bienestar y los entornos  amigables de las personas mayores, no ha sido aplicado sustancialmente por los  Estados al no ser jurídicamente vinculante, ni incluir mecanismos independientes de  supervisión, responsabilidad e investigación. Este Plan, además, omite importantes  cuestiones de derechos humanos y carece de acciones específicas para abordar la  discriminación por razón de edad. Por todo ello, es necesario actualizar y  complementar el MIPAA con un instrumento vinculante de carácter  universal.

Así los poderes públicos deben prestar especial atención a las nuevas reformas  legislativas, apoyándolas y dotándolas de los adecuados recursos económicos y  humanos; tal es el caso de la importante y recientemente entrada en vigor “ley por  la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con  discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica”.

La reforma, impulsada por el CERMI, acaba con la distinción entre capacidad de obrar  y capacidad jurídica estableciendo la imposibilidad de anular esta última e  incorporando la obligación, por parte de los poderes públicos, de prestar los apoyos individualizados que cada persona mayor con discapacidad necesite para poder tomar  y expresar sus decisiones de manera libre, autónoma y adecuadamente informada.

En el medio rural la privación de derechos de las personas mayores es más  acentuada, pues el escaso acceso a recursos sanitarios, sociales, culturales y de  participación en el entorno, hace más difícil la tarea de promover una adecuada salud  física y mental, lo que pone en riesgo su calidad de vida y su derecho a un  envejecimiento saludable, afectando negativamente a su permanencia en la  comunidad y contribuyendo así al proceso de despoblación rural que padece la  denominada España Vaciada.

En las ciudades se precisa incorporar las características y necesidades de  las personas mayores y particularmente las personas con discapacidad  mayores, en los nuevos diseños del entorno construido, el espacio público, el  transporte y sus infraestructuras, la información, la comunicación y las nuevas  tecnologías así como en las instalaciones públicas y los servicios, subrayando la  importancia de construir urbes inclusivas que mejoren su calidad de vida y a la vez  les permita participar en igualdad de condiciones en la vida social hecho que además  contribuye, de forma eficaz, a paliar la soledad no deseada y sus graves secuelas en  el colectivo.

Las respuestas a la pandemia del COVID-19 han puesto de manifiesto graves  lagunas en la protección de los derechos de las personas mayores. En todas  las regiones del mundo se les han negado sus derechos durante la pandemia, han  sufrido privación de acceso a los servicios sanitarios, violencia y abusos y se les ha  dado un trato inadecuado, contribuyendo todo ello a maximizar los efectos letales de  la enfermedad sobre las personas mayores, que ha tenido un gran impacto en el  colectivo precisamente debido a estas carencias.

También nos pone de manifiesto que el sistema sanitario español debe ser capaz  de diseñar y poner en funcionamiento una orientación hacia el  envejecimiento y la cronicidad y ser capaz de aplicar un plan para restaurar  la merma que han sufrido los derechos de las personas mayores a una  sanidad sin discriminaciones, eficaz, sin listas de espera dilatadas y de  calidad.

El Secretario General de las Naciones Unidas1, el Alto Comisionado de las  Naciones Unidas para los Derechos Humanos2, la Experta Independiente  sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad3 y el Consejo de Europa4, han reconocido la necesidad de subsanar las deficiencias  del sistema internacional que protege los derechos humanos de las personas  mayores. 146 Estados5también han reconocido estas lagunas y han adoptado el  compromiso de promover y respetar plenamente los derechos de las personas  mayores al apoyar el Informe del Secretario General de la ONU sobre el impacto de  la COVID-19 en las personas mayores publicado en mayo de 2020.  

Por todo ello, creemos necesario y urgente que se apruebe una convención  de Naciones Unidas que promueva y garantice los derechos de las personas  mayores, en toda su diversidad, para que los gobiernos y las sociedades de  todo el mundo, sean conscientes de sus obligaciones y responsabilidades en  materia de derechos humanos hacia las personas mayores ahora y en el  futuro, facilitando los procesos de participación de las personas mayores en  todas las acciones.

Una convención que, además, luche para desterrar la idea prefijada en demasiadas  ocasiones, de que las personas mayores son una carga para la sociedad,  reconociendo el valor que tiene para ésta el colectivo, y lo mucho que aporta en  innumerables ámbitos, incluido el económico.

La Unión Europea y sus Estados miembros han demostrado ser líderes mundiales en  la defensa de los derechos humanos y apoyar la creación de una convención sobre  los derechos de las personas mayores, demostraría que el respeto de los derechos  de todas las personas, continúa siendo una prioridad y una seña de identidad del  proyecto común europeo.

Desde la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores, (formada por más  de 20 entidades del tercer sector), creemos firmemente que es absolutamente  necesario, que los diferentes gobiernos, entre ellos, por supuesto, el de nuestro país,  sean conscientes de que el marco legislativo existente no es suficiente para  garantizar la protección de los derechos de las personas mayores. Que es  necesaria la celebración de la Convención.

Con frecuencia, la vejez se asocia a estereotipos que generan una visión negativa y  generalista de las personas mayores: Las personas mayores son ciudadanos de pleno  derecho que en su gran mayoría no solo aportan, sino que enriquecen la sociedad  con su experiencia, conocimiento y entrega desinteresada a sus familias y sus  comunidades.

Solicitamos a la Mesa del Congreso de los Diputados, a todos los grupos  parlamentarios y al Gobierno de España, que apoye la celebración de una  Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas  mayores, y con motivo del Dia Internacional de las personas mayores (oficialmente  se denomina Dia Internacional de las Personas de Edad), que celebramos el 1 de  octubre, España se sume a ese movimiento global que defiende y reivindica este  nuevo instrumento internacional de protección de derechos humanos.

Madrid, 8 de septiembre de 2021.

La Fundación 26 de Diciembre suscribe este manifiesto a través de Mayores UDP, organización de la cual forma parte.

 

1 Policy Brief: The Impact of COVID-19 on older persons, mayo 2020.

2 Update to the 2012 Analytical Outcome Study on the normative standards in international human  rights law in relation to older persons, marzo 2021.

3Impacto de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en el disfrute de todos los derechos humanos  por las personas de edad, julio 2020.

4 Conclusiones del Consejo sobre una recuperación tras la COVID-19 basada en los derechos humanos,  febrero 2021.

5 Statement of Support to the UN Secretary General`s Policy Brief on The Impact of COVID-19 on Older  Persons, mayo 2020.

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